martes, 22 de febrero de 2011

Rumasa, o de cómo tropezar dos veces en la misma piedra.

Unas veces por exceso, otras por defecto, parece que los gobiernos socialistas no saben cómo lidiar con el empresario del opus dei José María Ruiz-Mateos. Si la intervención salvaje de la que fue objeto en 1983 levantó como poco dudas procesales, ahora el gobierno y la CNMV han reaccionado tarde. Las deudas que el empresario gaditano contrajo con el Estado durante los años setenta y principios de los ochenta ascendían a los dos billones de pesetas en dinero actual, tras la negativa a realizar auditorías que le reclamaba el Banco de España y el Ministerio de Hacienda, el gobierno procedió a expropiar el holding mediante un real decreto que a punto estuvo de ser declarado inconstitucional -por el voto de calidad del presidente del TC-. Por eso el gobierno en 1983 debió haber optado por un proceso que involucrara al tribunal de cuentas y los tribunales ordinarios.
Al que suscribe no le cabe ninguna duda de que este señor, con todo lo emprendedor que pueda ser, no se le da nada bien lidiar con las reglas de juego del mercado y las leyes. Obvia las mínimas leyes de la competencia y las obligaciones contractuales del empleador para con Hacienda y la Seguridad Social, convirtiéndolo en un vulgar ladrón.
En 2011, la actuación del gobierno -por contra- fue tardía y muy localizada. La ley entonces en vigor permitía apelar al ahorro público cuando éste fuera superior a cincuenta mil euros, ya que el legislador presuponía que quienes pudieran invertir tal suma eran inversores con suficiente experiencia como para no necesitar el apoyo del organismo regulador.
El problema fue que nueva Rumasa se anunció en los medios de comunicación más generalista y de mayor difusión para captar dinero y no precisamente entre quienes cultura financiera. Tanto es así que el anuncio de nueva Rumasa fue el primero en ser retransmitido tras las uvas de fin de año en dos de los canales de mayor difusión. Por tanto, como los pagarés eran de cuantía superior a los cincuenta mil euros, la CNMV no podía intervenir, pero advirtió hasta en siete ocasiones de los riesgos de los pagarés.
El gobierno se mostró bastante lento, ya que tardó más de un año en darse cuenta de que la legislación era insuficiente y modificar la ley para que Nueva Rumasa no siguiera captando dinero de ahorradores. La lentitud del gobierno es, si cabe, más notoria cuando la compañía que estaba llevando a cabo estas prácticas arriesgadas, es la continuadora de la compañía que hubo que intervenir en 1983. Creo que esto era un elemento suficiente para vigilar y controlar más de cerca sus ofertas financieras.
En este caso el empresario ha mostrado el compromiso de devolver el dinero prestado, incluso amenazando con el suicidio si su fe se lo permitiese. Parece que el obediente miembro del opus dei olvida que su fe también prohíbe la estafa y el robo.

Si en 1983 había gente que podía pensar que la desgracia de José María Ruiz-Mateos se debió a la expropiación por parte del gobierno, ahora debería estar bastante claro que sus prácticas financieras se basan en la estafa.

lunes, 7 de febrero de 2011

No es el gasto, son los ingresos.

A la hora de abordar la crisis de la deuda soberana española siempre se está hablando de la necesidad de reducir el déficit y el gasto del Estado, pero no se ha hecho (o por lo menos no ha transcendido) un análisis sobre el arcaico sistema impositivo y recaudatorio español que hace que unos ciudadanos estén sobrecargados de impuestos y otros estén infrafiscalizados. Por lo tanto, si estaba claro que hacienda lo éramos unos más que otros, la OCDE ha puesto el dedo en la yaga al apuntar que el sistema recaudatorio español está obsoleto, basado en criterios de la era franquista, inspirados en la II República que, a su vez, rescató de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Y en España el capital paga el tipo más bajo de la OCDE. 
Comparativamente es difícil argumentar que el problema del Estado sea su deuda pública. En España representa el 55% del PIB que es un 20% menos que la media de la zona Euro. Así mismo las cifras del déficit no hacen sino mejorar, incluso han mejorado las cifras del gobierno y han bajado de un 11% hasta un 5'8% en año y medio, siendo mejores que otros países que no han sido penalizados por los mercados, como el Reino Unido con un 13% de déficit público. 
La vulnerabilidad de la deuda soberana española en los mercados mora en la deuda combinada entre el sector público y privado que asciende a un 170% del PIB. Y aquí se encuentra el meollo de la cuestión, ya que el Estado es el garante público de una deuda masiva privada creada por la burbuja inmobiliaria. 
Por tanto, el gobierno y sus medidas están haciendo pagar la crisis a quien menos responsabilidad tienen de haberla causado. La intranquilidad de los mercados se debe a la descomunal deuda privada, pero las medidas del gobierno no afectan a los sectores que se han beneficiado de esta situación. En vez de ello la propuesta es un durísimo plan de ajuste presupuestario.
Pero, la delgadez de la economía española no se arregla dejando de comer, es decir, las restricciones presupuestarias pueden poner en peligro la recuperación económica al reducir el poder adquisitivo de los ciudadano aún más. Por lo que han de tomarse reformas que refuercen la capacidad fiscal del Estado para conseguir los objetivos presupuestarios, pero repartiendo los costes de manera más justa.
Los países que han sido capaces de combinar crecimiento e igualdad, como los escandinavos, recaudan de un 7 a un 9% del PIB más que España, aunque la distribución de la carga fiscal grave al trabajo y al consumo más que al capital, preservando los necesarios niveles de inversión. Así, según la OCDE, Suecia recauda un 58% del PIB en las rentas del trabajo y del consumo, mientras que la tasa media sobre las rentas del capital es del 32%. Mientras que en España se recauda un 37% en las rentas del trabajo y del consumo y un sabrosamente escaso 17% en las rentas sobre el capital. El valor más bajo de la OCDE. Si a esto le unimos que los niveles del fraude fiscal se sitúan en España entre el 4-8% del PIB entendemos que el Estado tenga que financiarse recurriendo al déficit. 
El sistema fiscal español incurre en una forma perversa de redistribución, haciendo que el peso de la recaudación caiga sobre los que tributan a través de retenciones ex ante como pensionistas, asalariados o funcionarios, antes que aquellos que tributan ex post como los autónomos, profesionales, empresarios y a las empresas. 
Por tanto, lo que el Estado deja de percibir por el enorme fraude fiscal y las ridículas rentas sobre el capital agravan la carga fiscal sobre las rentas del trabajo y el consumo. Por encima, las medidas anticrisis del gobierno tiran aún más del dinero del contribuyente ex ante para subvencionar a sectores que ya de por si pagan pocos impuestos y, por si fuera poco, se reduce el déficit apoyándose en las reducciones salariales a funcionarios, pensionistas y subidas de impuestos a los asalariados. 
Ninguna de las muchas reformas que se están llevando a cabo para salir de la crisis es viable sin capacidad fiscal ni la legitimidad política que emerge de un sistema recaudatorio justo. Una reforma fiscal de esta magnitud no se puede producir de golpe, pero la crisis es una oportunidad para realizar reformas sustanciales. 
Es hora de considerar una tasa sobre las rentas del capital más alta y acorde con el modelo europeo. Incrementar los impuestos sobre los beneficios de la banca, una subida de impuestos a las rentas alta y combatir de manera eficaz y dura el fraude fiscal. No se estarían llevando a cabo medidas bolcheviques, ya que irían en la misma dirección que las tomadas por dirigentes de centro-derecha como David Cameron o Nicolás Sarkozy. 

Como decía el ex jefe del gabinete de Obama, Rahm Emanuel, no se debe desperdiciar nunca una crisis seria.